Siete trabajadores portuarios del puerto de Long Beach se encuentran entre las nueve personas acusadas esta semana por un presunto fraude de atención médica, que incluyó presentar reclamos de más de $2 millones al plan de seguro médico de su sindicato para pagar servicios sexuales. Los cargos podrían resultar en penas de cárcel de hasta 12 años.
Sara Victoria, a quien los fiscales describieron como la “cabecilla de la conspiración”, era propietaria de tres centros de bienestar en California, que además de ofrecer servicios quiroprácticos y tratamientos de acupuntura, también brindaban servicios sexuales, según el Departamento de Justicia.
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